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Entrevista al senador Oscar Ortiz en el periódico El Comercio de Perú.
http://www.elcomercio.com.pe
El presidente del Senado de Bolivia es un férreo opositor al gobierno de Evo Morales. El legislador estuvo en el Perú para informar su punto de vista de la crisis política de su país
Por Silvia Mendoza Martínez
Como presidente del Senado, es el tercero en la línea de sucesión democrática en
Bolivia, tras el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García
Linera. Mientras el oficialismo y la oposición siguen enfrentados, Óscar Ortiz
Antelo, congresista por el opositor Podemos, ha iniciado una gira sudamericana
que lo trajo al Perú hace unos días, para instar a la comunidad internacional a
participar en la solución a la terrible crisis que golpea al país altiplánico.
Según algunos analistas
bolivianos, el país está en crisis por la intransigencia tanto del oficialismo
como de la oposición, pero desde su punto de vista la crisis en Bolivia solo es
el producto del avasallamiento de las instituciones de parte del gobierno del
presidente Evo Morales. ¿No tiene la oposición parte de responsabilidad?
Obviamente, pero el tema es qué busca uno y qué el otro. Nosotros en el Congreso
siempre hemos actuado en el marco de la democracia. Lo que planteamos es, por
ejemplo, que en la Asamblea Constituyente se garantice los derechos del conjunto
de los asambleístas, que tengamos una constitución razonable que combine los
cambios sociales, las autonomías y funde un sistema democrático balanceado y una
economía viable al país. Lamentablemente el Gobierno, siguiendo el modelo del
(presidente de Venezuela) Hugo Chávez, nunca vio la constituyente como un
espacio para generar un pacto nacional, sino simplemente como un instrumento
para deshacerse de todos los límites que le planteaba los contrapesos
democráticos. Por eso impuso un texto constitucional --que nosotros no
aceptamos-- para que le dé cierta legalidad a un gobierno que ya no es una
democracia, sino un régimen de partido único.
¿No sería más democrático
votar el proyecto de constitución y por esa vía rechazarlo?
No, porque
estaríamos dando legalidad a un proceso constituyente que no fue tal, porque no
tuvo sesiones plenarias. El texto oficialista es el resultado de sesiones
realizadas en medio del más absoluto atropello, en un recinto militar y rodeadas
de grupos de choque. Luego, como el Gobierno no tenía los votos para aprobar el
llamado a referéndum, cercó el Congreso y lo convocó para el 4 de mayo, buscando
igualar la fecha con el referéndum por la autonomía (de Santa Cruz). Pero han
sido tantos los atropellos que la Corte Electoral ha tenido que reconocer que no
hay base constitucional suficiente para su convocatoria y que es imposible
realizarlo en esa fecha. Por esto es evidente que el texto constitucional es
ilegal e inviable por su contenido que crea ciudadanos de distintos niveles y
opta por una economía comunitaria, inviable en estos días.
Según sus declaraciones,
usted no cree en la fragmentación de Bolivia, pero la respuesta de la oposición,
de la que forma parte, es convocar un referéndum para aprobar la autonomía de
Santa Cruz. Esto implicaría que su departamento podrá tener su propia policía,
su órgano electoral, podrá legislar, tendrá competencia sobre su presupuesto, su
sistema educativo, etc. ¿Esto no es en la práctica una declaración de
independencia?
No. Primero, yo vengo como presidente del Senado pero sí puedo decir que dentro
de nuestra propuesta partidaria (del Podemos) concebimos la autonomía como un
proceso en el cual se distribuyen las competencias y los recursos del Estado. En
Sudamérica tenemos países como el Perú y Colombia que siendo unitarios, han
avanzado en la descentralización. Creo que en algún momento tenemos que lograr
un pacto, que debe ser reflejado a nivel constitucional, en el cual se
establezca esa clara división y competencia entre municipios, departamentos y
gobierno nacional. Pero como el proyecto del oficialismo centraliza todo, hemos
tenido una respuesta firme.
¿No debería la oposición ser
capaz de marcar la diferencia frente al estilo de gobierno que critica ?
Yo le aseguro que nosotros vamos a cerrar filas en torno a la unidad nacional,
la prueba de ello es que hoy seis de nueve departamentos apuestan por las
autonomías. Eso quiere decir que la autonomía está uniendo el país porque ya no
son solo los departamentos de las tierras bajas, sino otros como Cochabamba y
Chuquisaca, incluso Potosí. La autonomía se está convirtiendo en una nueva forma
de concebir el Estado Boliviano pero en el marco de la unidad nacional. Pero
esto solo es una parte del problema, el proyecto de constitución es la otra,
además lo que más me preocupa es el grave problema económico que vivimos porque
este es un gobierno sin gestión y sin política social, que ha desperdiciado el
inmenso voto popular que le dio la población en imponer un proyecto
constitucional que le asegure el continuismo en el poder. Por eso se debe dar
lugar a un proceso de concertación que parta de la base de que el Gobierno
reconozca que tanto la constitución como las leyes aprobadas por medio de cercos
al Congreso no tienen validez, deben ser descartados y entonces debemos
sentarnos a ver cómo construimos un nuevo texto constitucional.
¿Nada es rescatable desde su
punto de vista?
No, siempre hay
algo que puede ser útil, pero el conjunto no. Pero el Gobierno ofrece diálogo y
comete nuevos atropellos y luego toma represalias, como ha sucedido hace unos
días al prohibir la exportación de aceite vegetal bajo el pretexto de que subió
de precio. Eso significa golpear la economía de Santa Cruz, donde hay un
movimiento contrario al gobierno, por eso busca asfixiarla económicamente. Ese
nuevo paso hace más difícil aún el acercamiento de las posiciones (de la
oposición y el oficialismo).
Pero el Gobierno a lo largo
de esta crisis ha hecho varios llamados al diálogo...
Nosotros habíamos instalado una comisión de consenso para discutir el conjunto
del texto constitucional. Pero el 28 de febrero, estando nosotros en la mesa de
negociación, fuimos abandonados por el vicepresidente (Álvaro García Linera)
quien se fue a dirigir una sesión en el Congreso cercado por grupos de choque.
Esto claramente rompe todos los canales de confianza.
¿En un escenario ideal en el
que la oposición y el Gobierno se sentaran a conversar, cuáles serían sus
postulados? ¿Qué necesita Bolivia para superar esta crisis?
Primero hay que
restablecer la normalidad democrática, incluyendo la independencia del Poder
Judicial, luego asegurar el respeto al Congreso. Tercero, hay que resolver el
tema de la constitución, que es una fuente de conflictos, pero también puede ser
una de las soluciones si reconocemos que es inviable; y por último, el Gobierno
debe dejar de tomar acciones contra las regiones que se le oponen como ha venido
haciendo, y debe descartar el uso de las fuerzas armadas para la solución de la
crisis porque esto solo profundizaría las heridas de nuestra sociedad.
¿Tras el referéndum del 4 de
mayo en Santa Cruz, el que según se prevé debe aprobar el Estatuto Autonómico,
qué escenario le espera a Bolivia en vista de que el Gobierno lo considera
ilegal?
Se va a dar un
paso más en algo que ya se está produciendo, que es la fractura institucional
del país, pero lo que va a pasar después va a depender de la serenidad de los
actores. Nosotros queremos contribuir desde el Senado para evitar cualquier
confrontación violenta, para seguir impulsando procesos de diálogo que nos
permitan lograr un pacto de unidad nacional en base a la confluencia de las
agendas pendientes: el cambio social y las autonomías.
La oposición pide la
elaboración de una nueva constitución. ¿Dentro de esa lógica, no es
contraproducente declarar por adelantado las autonomías regionales? ¿No sería
más democrático concertar un nuevo texto constitucional y a partir de este
iniciar el proceso de descentralización?
Yo reitero que lo
que vivimos es una reacción de las regiones frente a un hecho real: un gobierno
que trató de dar validez a una constitución aprobada ilegalmente y sin consenso.
Por eso creemos que un nuevo texto constitucional es la única salida a esta
crisis y mientras más demore la decisión (del Gobierno) de ponernos a trabajar
en ello, vamos a tener que asumir un costo más alto.
